En menos de dos años, 700 jóvenes y niñas desaparecieron en el entramado de presuntas redes de proxenetismo en Argentina. Un promedio de dos por día, en un país que se ha convertido, a la vez, en lugar de tránsito y destino para la prostitución ilegal.
El debate [de la reforma de la ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas] incluye una propuesta polémica: sancionar el consumo de prostitución como un modo de frenar la captación forzada de mujeres. Más precisamente, penalizar a los clientes que entreguen “dinero o bienes” a cambio de servicios sexuales.
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“Si no existiese quién pagase no habría prostitución, y si no existiese prostitución no habría trata. La trata es simplemente una consecuencia de la falta de oferta ante una demanda creciente”, señala a BBC Mundo Viviana Caminos, coordinadora de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT).
En el país, la práctica de la prostitución no es ilegal si se ejerce a título individual. Pero sí está penado el beneficio comercial por parte de terceros y, aunque prostitución y trata no son la misma cosa, una no existiría sin la otra.
La propuesta de criminalización del cliente se basa, según los expertos, en el modelo aplicado en Suecia, por el que las autoridades nórdicas lograron reducir en un 80% los delitos de explotación sexual.
Pero, en su versión Argentina, la reforma exige destapar la realidad de los prostíbulos: aunque prohibidos por ley desde comienzos del siglo XX, en todo el territorio operan bajo títulos eufemísticos, como pools o whiskerías.
“En estos sitios hay mujeres contratadas bajo la figura de “alternadoras”, a las que se les exige un carnet sanitario con control ginecológico. O sea que la finalidad es evidente”, expresa la diputada Cecilia Merchán, una de las impulsoras de los proyectos.
La primera reacción contra el modelo provino de las mismas prostitutas, agrupadas en la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), que reporta 4.000 integrantes.
“No estamos de acuerdo con penalizar al cliente porque consideramos que eso nos va a exponer a mayor clandestinidad a las que sí estamos en este trabajo por consentimiento propio”, declara a BBC Mundo la secretaria general del sindicato, Elena Reynaga.
Interesante nota sobre la penalización del cliente, en BBC Mundo, por Valeria Perasso.
